CAUSAS COBRANZA LABORAL

TRAMITACION (Covid-19)

GESTION LEGAL

Procede habilitar a un Receptor Judicial para notificar demanda ejecutiva, requerir de pago y trabar embargo a pesar del actual estado de excepción constitucional decretado a propósito del COVID-19, porque tales actuaciones no causan indefensión

La Corte de Apelaciones de Concepción revocó la sentencia apelada y dio lugar a la solicitud de la parte ejecutante de habilitar a un Receptor Judicial de la plaza para proceder a la notificación de la demanda, practicar requerimiento de pago, trabar embargo y llevar a efecto las demás diligencias necesarias.
Lo anterior debido a que si bien una primera lectura del inciso primero del artículo 3 de la Ley 21.226 lleva a pensar que se deben suspender todas las actuaciones judiciales que, de realizarse, puedan causar indefensión a alguna de las partes o intervinientes, a consecuencia de las restricciones impuestas por la autoridad en el marco del actual estado de excepción constitucional decretado a propósito de la emergencia sanitaria ocasionada por la enfermedad COVID-19, por afectar a las normas del debido proceso, en los términos del inciso segundo del artículo 1 de la citada Ley, y que, en este caso, la indefensión sería que la ejecutada no pudiera oponer oportunamente sus excepciones, lo cierto es que en virtud de la tramitación digital de los procedimientos judiciales, en el evento de ser emplazada, la parte ejecutada no debería tener impedimento para oponer oportunamente sus defensas, en atención a lo dispuesto en el artículo 5 de la ley 20.886, que modificó el Código de Procedimiento Civil, estableciendo la tramitación digital de los procedimientos judiciales, ya que la citada disposición señala que el ingreso de las demandas y de todos los escritos se hará por vía electrónica a través del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial, admitiendo excepcionalmente que los escritos se presenten materialmente y en soporte papel, cuando las circunstancias así lo requieran o se trate de una persona autorizada por el tribunal por carecer de los medios tecnológicos necesarios. En consecuencia, en el evento de ser emplazada, la parte ejecutada no debería tener impedimento para oponer oportunamente sus defensas y, en todo caso, siempre podrá invocar el impedimento establecido en el artículo 4 de la Ley 21.226, pudiendo formular sus alegaciones dentro del plazo señalado en dicha disposición. Así, existiendo la facultad legal y no habiendo impedimento para practicar la notificación de la demanda y requerir de pago a la ejecutada, la A Quo debió acceder a la solicitud de la ejecutante.

Vea  sentencia Rol Nº863-20

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Corte Suprema  confirmó sentencia y declaró inadmisible protección deducida respecto de Receptor Judicial por notificar a demandante en domicilio de sus padres…

FUENTES:

DIARIO CONSTITUCIONAL  www.diarioconstitucional.cl

PODER JUDICIAL    www.pjud.cl

 

 

Ingresó nuevamente al TC inaplicabilidad que impugna norma que establece improcedencia del abandono del procedimiento en juicio de cobranza laboral.

Ingresó nuevamente al TC inaplicabilidad que impugna norma que establece improcedencia del abandono del procedimiento en juicio de cobranza laboral.

La gestión pendiente incide en procedimiento de cobranza laboral, de que conoce el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago.

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 4° Bis inciso segundo de la Ley N° 17.322.El precepto impugnado establece: “Acogida la acción, e incoada en el tribunal, no podrá alegarse por ninguna de las partes el abandono del procedimiento”.
La gestión pendiente incide en el procedimiento de cobranza laboral, de que conoce el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, donde el requirente fue demandado por la AFP Provida por no pago de cotizaciones previsionales.
La requirente estima que el precepto impugnado infringiría el derecho al racional y justo procedimiento y a la igualdad ante la ley, por establecer un privilegio procesal que no se justifica racionalmente, que se traduce en dejar la más completa indefensión al demandado, frente a la inacción del demandante independiente del tiempo que transcurra y, que en la causa en cuestión corresponden a casi 9 años sin movimiento de ningún tipo, además de crear en los hechos y el derecho un grupo privilegiado constituido por la AFP, con los perjuicios y arbitrariedades que de ello se derivan.
La Sala designada por el Presidente del TC tendrá que resolver si admite a trámite la impugnación, para luego pronunciarse sobre su admisibilidad. En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo del requerimiento.

Vea textos íntegros del expediente Rol N° 6593-19.

Fuentes: https://www.tribunalconstitucional.cl
https://www.diarioconstitucional.cl/noticias
http://www.pjud.cl/consulta-unificada-de-causas

 

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