CAUSAS CIVIL

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ABOGADO / CASAS COPEVA

CORTE DE  APELACIONES DE SANTIAGO CONDENA A ABOGADO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL

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La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó a profesional a pagar indemnización a clienta por no realizar gestión judicial en demanda contra empresa constructora.

En fallo unánime (causa rol 8.959-2018), la Novena Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras María Rosa Kittsteiner, Bárbara Quintana y el abogado (i) Jorge Benítez– confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Quinto Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda, con declaración que se eleva el monto a pagar por concepto de daño moral a la suma de $1.650.000 (un millón seiscientos cincuenta mil pesos).

“Que habiéndose acreditado la existencia de un contrato de prestación de servicios, se debe dilucidar si la actora se encuentra dentro de los demandantes y terceros coadyudantes en el proceso causa rol 5451¬2001, llevado en el 26° Juzgado Civil de Santiago”, sostiene el fallo de primera instancia.

La resolución confirmada agrega: “Que de las copias autorizadas del dicho proceso, que se encuentran en custodias de este Tribunal, se puede desprender que de su análisis, doña María Elizabeth Fucha Guanque no se encuentra como demandante en dicha causa, como tampoco se encuentra incorporada con posterioridad como tercero coadyudante, razón por la cual consecuencialmente no es de aquellas personas que salió beneficiada con la sentencia condenatoria al Serviu Metropolitano”.

“(…) de acuerdo a lo expresado en los dos considerandos anteriores, se puede desprender que, habiendo existido a partir del 19 de noviembre de 2001 un encargo profesional de doña María Elizabeth Fucha Guanque al abogado Eduardo Cabreras Hernández, con el fin que la representara en el juico deducido en contra del Ministerio de Vivienda, Serviu Metropolitano y Municipalidad de Puente Alto, llevado en el 26° Juzgado Civil de Santiago, éste no cumplió su cometido profesional al no incluirla ni como demandante ni como tercero coadyudante, razón por la cual éste es responsable de los perjuicios ocasionados por su incumplimiento”, concluye.

ver fallos  y sentencias asociadas:

primera instancia :  http://www.pjud.cl/documents/396729/0/VIVIENDAS+PRIMERA.pdf/c3147101-6661-4fc0-8ae7-ada703d713fd

ICA SANTIAGO: http://www.pjud.cl/documents/396729/0/VIVIENDAS+CORTE.pdf/a566485b-4c69-4451-9d3d-bb4ba3f30a07

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Fuentes: https://www.tribunalconstitucional.cl
https://www.diarioconstitucional.cl/noticias
http://www.pjud.cl/consulta-unificada-de-causas

Corte suprema acoge demanda de cobro de honorarios de corredor de propiedades

Corte suprema acoge demanda de cobro de honorarios de corredor de propiedades.

La Corte Suprema acogió recurso de casación y demanda de cobro de honorarios deducidos por corredor de propiedades por incumplimiento de contrato.

En fallo unánime (causa rol 37.135-2017), la Cuarta Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Ricardo Blanco, Andrea Muñoz, Mauricio Silva Cancino y los abogados (i) Antonio Barra e Íñigo de la Maza– invalidó de oficio la resolución recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y dictó sentencia de reemplazo.

“Que, de este modo, queda establecido que la sociedad demandada, antes de cumplirse un año del término de la vigencia de la orden de compra por la cual comisionó a la parte demandante para el corretaje de la propiedad de autos, celebró un contrato de compraventa con un tercero, sociedad representada por el ya mencionado señor Marcos Díaz León, lo que vuelve inconcusa la conclusión de que al no pagarse la comisión convenida, se incumplió la obligación asumida por las partes al momento de formalizarse la comisión que la parte demandada encomendó a la recurrente”, sostiene el fallo.

Resolución que agrega: “En efecto, la ya referida ‘orden de venta’, suscrita por las partes, establece una sanción específica para el caso en que el mandante, sin intervención de la actora, venda el inmueble a una persona presentada por la gestora, hasta dentro de un año después de la vigencia del encargo, consistente en el pago del doble de la comisión pactada, que se fijó en el 1,5% del valor de venta”.

“Por otro lado –continúa–, a juicio de este tribunal, atendida la entidad de los hechos acreditados, no es relevante para los efectos de la conclusión arribada, la circunstancia de que no exista referencia expresa en la prueba rendida, de que la actuación efectuada por el señor Marcos Díaz León, en la manifestación de su interés por adquirir la propiedad materia de autos, haya sido en su calidad de representante de la sociedad que finalmente la compró, pues ello se revela como palmario y evidente de la sola circunstancia de haberse realizado el referido acto jurídico con su actuación personal, en dicha calidad jurídica”.

“(…) con lo expuesto, acreditado el contrato de corretaje de propiedades, debe recordarse, como ya lo ha expresado esta corte (por ejemplo, en los antecedentes Rol N° 7.793-15 y 31.767-17), que es de la esencia de tal convención, que el quehacer del corredor estriba en la mediación entre las partes destinada a desplegar las tareas tendientes a concretar, en la especie, una compraventa sobre una propiedad específica, y que, ante el hecho acreditado que las partes suscribieron una orden de venta, por la cual la demandada se comprometió a pagar a la actora, por concepto de comisión, el 1,5% del precio de la compraventa, y que en caso de celebrar el contrato sin su intervención, con una persona presentada por ella, y hasta dentro de un año después de la vigencia del encargo, debía pagar el doble de la comisión pactada”, añade el fallo.

“De esta manera, sentada la existencia de dicho acuerdo, y la procedencia de la acción intentada, al acreditarse sus demás supuestos, procede acoger la demanda, y condenar a la demandada pago del 3% del precio de compraventa acordado por las partes, de la manera en que se dirá en lo resolutivo”, concluye.

Ver fallo (PDF)

Fuentes: https://www.tribunalconstitucional.cl
https://www.diarioconstitucional.cl/noticias
http://www.pjud.cl/consulta-unificada-de-causas

Corte Suprema acogió recurso de protección contra Universidad, por mantener informada en el registro comercial una deuda por crédito universitario.

Corte Suprema acogió recurso de protección contra Universidad, por mantener informada en el registro comercial una deuda por crédito universitario. 

La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Sandoval y Blanco, quienes estuvieron por confirmar la sentencia de alzada.

La Corte Suprema acogió la acción de protección deducida por una ciudadana contra la Universidad de Concepción, debido a que procedió a informar en el boletín comercial una deuda por crédito universitario de Fondo Solidario respecto de cuyo cobro judicial se decretó abandono del procedimiento el año 2011.

La recurrente indicó que se vulneró el derecho a la honra y a la protección de la vida privada, ya que ha sido incluida en un registro de deudores morosos, a sabiendas de que dicha información es carente de legitimidad, afectando de esta manera su honra. Asimismo, señaló que se conculcó el derecho de propiedad, por cuanto se evidencia una insolvencia inexistente, que disminuye tanto la potencialidad para el libre desenvolvimiento en las actuaciones civiles y comerciales como, especialmente, la capacidad para obtener créditos necesarios en la vida moderna que permiten adquirir bienes y servicios de alto valor.

En su sentencia, el máximo Tribunal expuso que el artículo 13 bis de la Ley N° 19.848 interpreta el artículo 15 inciso 2° de la Ley N° 19.287, en el sentido que las nóminas de los deudores morosos de los fondos solidarios de crédito universitario son públicas sin que les haya sido ni les sea aplicable lo establecido en la Ley sobre Protección a la Vida Privada. Sin embargo, el referido artículo 15 de la Ley N° 19.287 no faculta a hacer un cobro inoportuno, sino que éste debió ejercerse dentro de un plazo razonable, forzándose como un medio alternativo al cobro judicial la publicación en el Boletín de Informaciones Comerciales de la Cámara de Comercio de Santiago de la deuda de la recurrente, originando con este proceder un medio de cobro improcedente. Por tanto, la actuación de la recurrida vulnera la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, puesto que le impide a la recurrente acceder a fuentes de financiamiento en términos de igualdad con otras personas y le afecta su patrimonio.

Por lo anterior, la Corte Suprema revocó la sentencia apelada y acogió el recurso de protección, por lo cual ordenó que se oficie a la Cámara de Comercio de Santiago para que elimine, en forma inmediata la publicación de la deuda de la recurrente derivada del Fondo Solidario Universitario.

La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Sandoval y Blanco, quienes estuvieron por confirmar la sentencia de alzada, teniendo presente lo establecido en el artículo 15 de la Ley N° 19.287 y 13 bis de la Ley N° 19.848.

Vea texto íntegro de la sentencia Rol 4207-2019.

Fuentes: https://www.tribunalconstitucional.cl
https://www.diarioconstitucional.cl/noticias
http://www.pjud.cl/consulta-unificada-de-causas

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