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TRAMITACION (Covid-19)

GESTION LEGAL

Procede habilitar a un Receptor Judicial para notificar demanda ejecutiva, requerir de pago y trabar embargo a pesar del actual estado de excepción constitucional decretado a propósito del COVID-19, porque tales actuaciones no causan indefensión

La Corte de Apelaciones de Concepción revocó la sentencia apelada y dio lugar a la solicitud de la parte ejecutante de habilitar a un Receptor Judicial de la plaza para proceder a la notificación de la demanda, practicar requerimiento de pago, trabar embargo y llevar a efecto las demás diligencias necesarias.
Lo anterior debido a que si bien una primera lectura del inciso primero del artículo 3 de la Ley 21.226 lleva a pensar que se deben suspender todas las actuaciones judiciales que, de realizarse, puedan causar indefensión a alguna de las partes o intervinientes, a consecuencia de las restricciones impuestas por la autoridad en el marco del actual estado de excepción constitucional decretado a propósito de la emergencia sanitaria ocasionada por la enfermedad COVID-19, por afectar a las normas del debido proceso, en los términos del inciso segundo del artículo 1 de la citada Ley, y que, en este caso, la indefensión sería que la ejecutada no pudiera oponer oportunamente sus excepciones, lo cierto es que en virtud de la tramitación digital de los procedimientos judiciales, en el evento de ser emplazada, la parte ejecutada no debería tener impedimento para oponer oportunamente sus defensas, en atención a lo dispuesto en el artículo 5 de la ley 20.886, que modificó el Código de Procedimiento Civil, estableciendo la tramitación digital de los procedimientos judiciales, ya que la citada disposición señala que el ingreso de las demandas y de todos los escritos se hará por vía electrónica a través del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial, admitiendo excepcionalmente que los escritos se presenten materialmente y en soporte papel, cuando las circunstancias así lo requieran o se trate de una persona autorizada por el tribunal por carecer de los medios tecnológicos necesarios. En consecuencia, en el evento de ser emplazada, la parte ejecutada no debería tener impedimento para oponer oportunamente sus defensas y, en todo caso, siempre podrá invocar el impedimento establecido en el artículo 4 de la Ley 21.226, pudiendo formular sus alegaciones dentro del plazo señalado en dicha disposición. Así, existiendo la facultad legal y no habiendo impedimento para practicar la notificación de la demanda y requerir de pago a la ejecutada, la A Quo debió acceder a la solicitud de la ejecutante.

Vea  sentencia Rol Nº863-20

RELACIONADOS
Corte Suprema  confirmó sentencia y declaró inadmisible protección deducida respecto de Receptor Judicial por notificar a demandante en domicilio de sus padres…

FUENTES:

DIARIO CONSTITUCIONAL  www.diarioconstitucional.cl

PODER JUDICIAL    www.pjud.cl

 

 

Tribunal Constitucional (TC) acogió el recurso, contra AFP Habitat

Inconstitucionalidad del Decreto Ley 3.500: El Tribunal Constitucional (TC) acogió a tramité el recurso de inaplicabilidad ingresado por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas para que el organismo se pronuncie sobre la solicitud de retiro de fondos de AFP.

La Corte de Apelaciones local presentó un requerimiento de inaplicabilidad ante el TC para que resuelva la solicitud de retiro de fondos previsionales presentado por una trabajadora de la atención de salud municipal.

Se trata del caso de Beatriz Fuenzalida, una trabajadora de la atención primaria municipal que presentó un recurso ante el tribunal de alzada para retirar sus ahorros en la AFP Habitat, por un monto cercano a los 51 millones de pesos.

En entrevista con TVN Red Austral, Beatriz aseguró que luego de 40 años de trabajo decidió iniciar los trámites para jubilarse, llevándose la sorpresa de que recibirá una pensión cercana a los $200 mil.

“En estos momentos gano más o menos un millón 100 y mi pensión sería de 200 mil pesos, eso no me alcanza para vivir”, afirmó.

Se trata de un caso similar al de la profesora de Antofagasta, María Angélica Ojeda, cuyo requerimiento también fue declarado admisible hace algunas semanas por el Tribunal Constitucional.

Detalla la sentencia: (extracto)

…”se formula requerimiento al Tribunal Constitucional para que establezca, si lo estima admisible, la inconstitucionalidad del Decreto Ley 3.500 especialmente sus artículos 23, 34 y 51, en cuanto los fondos de capitalización individual tienen como objeto exclusivo otorgar y administrar beneficios de este decreto ley y son parcialmente inembargables destinados exclusivamente a generar las prestaciones de pensión de vejez, invalidez y sobrevivencia, como también los ingresos de las administradoras de fondos de pensiones por concepto de prima o aporte de utilidades, en contravención a la Constitución Política de la República en cuanto los atributos inalienables del derecho de propiedad.”

Vea archivos: RECURSO DE PROTECCIÓN  : 775 – 2019 – C.A. de Punta Arenas


fuentes:

www.diarioconstitucional.cl

www.poderjudicial.cl

www.24horas.cl

Se declaró admisible recurso de protección contra AFP Habitat S.A.

Corte Suprema, revocó sentencia y declaró admisible protección contra AFP Habitat S.A. por negativa a entregar ahorros previsionales.

Con disidencia, la Corte Suprema revocó la sentencia que declaró inadmisible la protección deducida en contra de la Administradora de Fondo de Pensiones Habitat S.A., por la negativa de ésta a entregarle al recurrente sus ahorros previsionales.

En el escrito, se señala haber recurrido de acción de protección en contra de la Administradora de Fondo de Pensiones Habitat S.A., por negarse a devolver los ahorros previsionales al recurrente, que se encuentra pasando por problemas económicos y financieros, y no tiene dineros para poder sustentar debidamente los gastos de su persona y su familia.
El recurrente estimó vulnerado su garantía constitucional del artículo 19 numeral 24.

La Corte de Santiago indicó en su sentencia que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando éste ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías taxativamente numeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, dejando a salvo las demás acciones legales.

Enseguida, señaló la sentencia que, los hechos descritos en la presentación y las peticiones que se formulan a esta Ilustrísima Corte exceden las materias que deben ser conocidas por el presente recurso, atendida su naturaleza cautelar, por lo que se declaró inadmisible el recurso de protección.

Sin embargo, el máximo Tribunal indicó que, del mérito de los antecedentes, apareció de manifiesto que en el libelo interpuesto en autos se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, razón por la que el recurso debió haber sido acogido a tramitación.

Por consiguiente, la Corte Suprema revocó la sentencia apelada y en su lugar declaró admisible el recurso de protección, debiendo dársele la tramitación correspondiente, la sentencia fue acordada con el voto en contra del Abogado Integrante Diego Munita, quien estuvo por confirmar la resolución apelada en virtud de sus propios fundamentos.

Sentencias de la Corte Suprema Rol N° 26954-2019 y de la Corte de Santiago Rol N° 77517-2019.


fuentes:

www.diarioconstitucional.cl

www.poderjudicial.cl

 

DESPIDO INJUSTIFICADO DE FUNCIONARIA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL

CORTE DE SANTIAGO RECHAZA DEMANDA POR DESPIDO INJUSTIFICADO DE FUNCIONARIA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que rechazó demanda por despido injustificado de funcionaria de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia por carecer de título para como bibliotecaria.

En fallo unánime (causa rol 486-2019), la Décima Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Hernán Crisosto, Mario Rojas y Alberto Amiot– rechazó con costas el recurso de nulidad interpuesto en contra la sentencia pronunciada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que desestimó la demanda.

“Que, en cuanto al primer motivo de anulación, corresponde al de la letra c) del artículo 478 del Código Laboral, referente a la necesidad de alterar la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las circunstancias fácticas asentadas por el tribunal. Como se ha explicado en forma reiterada, esta es una variable del motivo establecido en el artículo 477 del Código indicado, pues es de derecho o sustancial. Se requiere que el recurrente indique en forma clara y precisa cuáles son los hechos que requiere calificar. Además, debe señalar cuál es la incorrecta aplicación del derecho que ha efectuado el tribunal del grado, en torno a los hechos de la causa, y cuál es la correcta calificación jurídica de los mismos que se propone.
Desde luego, siendo causal de derecho, debe fundarse en normas legales, puesto que de otro modo, se trataría de una simple impugnación de los hechos”, plantea el fallo.

Resolución que agrega: “Nada de lo anterior ocurre en relación con la primera causal de anulación, ya que lo que en realidad se pretende es que se falle, merced a este motivo, el fondo del asunto, en cuanto el despido sería injustificado por no haberse enviado la carta de despido, y que se aplique la institución de nulidad del mismo, por no estar pagadas las cotizaciones de previsión social”.

“Como se advierte, no se trata de simples calificaciones jurídicas de hechos aislados, sino que de todo el fondo de la cuestión debatida, como surge del fundamento de la causal, y más precisamente, del petitorio del mismo. Por lo tanto, este motivo no puede prosperar, debiendo ser desestimado, por estar mal planteado, la prueba de lo cual es que prácticamente todo el recurso gira en torno a las mismas cuestiones ya señaladas, a saber, el que no se habría enviado la carta de despido y el no pago de las cotizaciones de previsión, que ha alegado”, sostiene.

“en cuanto al segundo motivo de nulidad que se ha impetrado en el presente caso, corresponde al del artículo 478 letra e) del Código del Trabajo, vinculado al número 4 del artículo 459 del mismo texto legal, y se ha denunciado la falta de análisis de toda la prueba rendida, y en particular, de la que detalla en el cuerpo del libelo recursivo”, afirma.

“Según se ha dicho –continúa– en otros numerosos recursos, este motivo de nulidad requiere de prueba, la que se debe ofrecer para que el tribunal ad quem pueda fijar una audiencia, con la finalidad de recibirla, sea mediante su reproducción o su lectura, según corresponda, cuestión que en el presente caso no se ha hecho, puesto que el recurrente no ofreció rendir prueba de la causal, y lo que ha hecho es el ejercicio, improcedente, de detallar él mismo las evidencias que supuestamente le darían la razón, en cuanto a lo que pretende.

“La razón de lo anterior estriba en la circunstancia de que en los juicios laborales prima el principio de inmediación, en cuya virtud el juez que falla el asunto debe recibir la prueba, y es por esto que la causal ha de ser probada en sede de nulidad, pues si se requiere que se acoja uno de esa clase, y que se dicte sentencia de reemplazo, necesariamente se ha de haber escuchado la prueba, sea mediante su lectura o reproducción, según sea el formato que aporte quien recurre”, explica el fallo.

“La forma de abordar el problema ha sido incorrecta por parte del recurrente, pues no sólo no ofreció prueba de la causal, sino que ha hecho lo no permitido en un recurso de nulidad, que es el análisis particular de evidencias, en cuanto ellas demostrarían su tesis en torno a lo que pretende y quedó ya detallado. El ejercicio de analizar en forma particular las pruebas rendidas en el juicio es propio de una apelación, pero no de un recurso de anulación”, añade.

“Además, al presentar este motivo de anulación, el recurrente se enfrenta a un grave problema, porque nunca podrá afirmar en forma categórica que la falta de análisis de la prueba que detalla en la sentencia del grado, influyó sustancialmente en lo dispositivo. Y no se puede hacer semejante afirmación porque ello solo implica una especulación, es decir, un argumento que no puede ser comprobado empíricamente”, concluye.

VER FALLOS (PDF)
ICA Santiago
Primera instancia

Ordenan a corporación municipal indemnizar a funcionario despedido tras denunciar acoso laboral.

 

 

 

El Tribunal de alzada acogió la demanda por daño moral y fijó la indemnización en la suma de $9.002.742.

En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió recurso de nulidad y condenó a la Corporación Municipal local a indemnizar a terapeuta ocupacional despedido tras realizar una denuncia por acoso laboral.

La sentencia sostiene que en el motivo noveno del fallo de nulidad, reproducido, de la prueba rendida consta que las órdenes de reposos médicos le fueron prescritas por la mutual de seguridad, particularmente, aquellas de fecha 15 de noviembre y 4 de diciembre de 2017. Institución que también emitió el informe médico de esta última fecha. Así mismo que las conclusiones jurídicas sobre vulneración de derechos fundamentales de fecha 3 de noviembre de 2017 las evacuó la Inspección del trabajo. A ese período de licencia médica también se refiere la testigo del actor María José Belén Moya Olmedo, quien explica que fue calificado con enfermedad profesional por parte de la mutual, que estuvo con tratamiento farmacológico y terapia destinada a enfrentar el momento de integrarse al Liceo Politécnico y las mejores estrategias para enfrentar la situación vivida en este, pero al reintegrarse aún tenía sesión con la psicóloga de la mutual. Para éste fue un desgaste tremendo la nueva situación de cambio abrupto de programa en el área de atención al menor de JUNAEB, cuyas características tanto como la existencia de bandos dentro del equipo, le afectó profesional y emocionalmente.
La resolución agrega que denunciados los hechos el proceso que siguió incluyó mal trato y amenazas. Relata la testigo que el denunciante estuvo bastante deprimido y al ser informado del lugar donde debía reintegrarse nuevamente tuvo una baja emocional, de forma tal que, como siguió trabajando un mes y medio aproximadamente, y seguía con las terapias, se dieron cuenta en la mutual que debía retomar la licencia médica, con la que estuvo hasta enero.
Añade que la relación de causa a efecto entre la afectación psíquica del trabajador y la lesión de derechos fundamentales, precisamente, de aquel garantizado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución política, está acreditada más allá del estándar de indicios, con elementos cuya seriedad y gravedad, precisión y concordancia no fue motivo de objeción, por lo cual tiene peso para convencer de la existencia de daño moral causado por el ejercicio de las facultades del empleador que limitaron el pleno ejercicio de aquellos derechos, sin justificación suficiente, en forma arbitraria y desproporcionada.
Por último, concluye qiue tal como demuestra racionalmente la Corte Suprema en la sentencia que destaca el abogado recurrente, en síntesis, es objetivo del juicio de tutela laboral, una decisión reparatoria del equilibrio perdido por la conculcación del derecho fundamental, que va más allá de sancionar la conducta lesiva, de adoptar medidas para su cese y que precisa servirse de la indemnización por daño moral para paliar por equivalencia, la baja emocional y retroceso en la recuperación de una enfermedad profesional gestada porque los hechos tenían vinculación con antecedentes de similar naturaleza no solo en lo tocante al actor sino a un grupo de funcionarios y todos entroncados en el proceder del empleador.

VER FALLO

Vea texto íntegro de la sentencia rol 117-2018

 

 

FUENTE; https://www.diarioconstitucional.cl/

Juzgado Laboral condena a empresa agrícola a indemnizar a familiares de trabajador fallecido.

El Tribunal estableció la responsabilidad de la empresa en el deceso del trabajador agrícola, quien perdió la vida ahogado, cuando limpiaba los filtros de estanque de riego.

El Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago condenó a la empresa agrícola Olivos del Sur S.A. (Olisur S.A.) a pagar una indemnización total de $140.000.000 a familiares de trabajador que murió en agosto de 2017, en predio ubicado en San José de Marchigüe, comuna de Pichidegua.
La sentencia sostiene que estima esta sentenciadora que no cabe duda de que debe declararse que la demandada incumplió su obligación legal de cuidar eficazmente la vida del trabajador fallecido. Asiste responsabilidad a la demandada tanto por haber permitido el procedimiento utilizado para la limpieza de los chupadores de los tubos como por el estado de las bombas.
La resolución agrega que en cuanto al procedimiento, no sólo carecía de uno seguro para la limpieza de la toma de agua de la tubería sino que además imponía tal labor a un sencillo obrero agrícola, carente de la preparación necesaria, sin ningún tipo de implementos adecuados y, peor aún, consintiendo en que ingresara desnudo a realizarla, lo que sin duda vulneraba la dignidad del trabajador fallecido.
A continuación, el fallo señala que todo el esfuerzo probatorio de la demandada resulta inútil luego de verificar las condiciones en que se desarrollaba la limpieza. Ni la realización de charlas diarias, ni la entrega del Reglamento Interno, ni la entrega de elementos de protección personal, ni el derecho a saber dan cuenta de un procedimiento seguro de limpieza. Ni aún la entrega de una vestimenta adecuada, como lo habría sido un traje que a lo menos le evitara desnudarse podría ser suficiente para configurar un procedimiento seguro, desde que el trabajador fallecido sólo era un obrero agrícola, lo que da cuenta de la evidente irresponsabilidad de la empresa empleadora.
Luego, afirma la resolución que si trabajador hubiese fallecido electrocutado la única cuestión a establecerse en este juicio habría sido la responsabilidad en la mantención de las bombas, la efectividad de aquella, la expertise de la empresa a cargo y la supervisión de la empresa en la labor de los encargados externos de la mantención, así como la actividad desplegada por los encargados de riego y del sistema eléctrico, precisamente quienes estaban ese día con el trabajador. Pero falleció ahogado y es esa la causa de la muerte, por lo que no cabe duda de la responsabilidad de la demandada. Y además la circunstancia de haber estado trabajando dentro del agua, uno de los mejores conductores de electricidad, aumentó la gravedad de la descarga eléctrica recibida.
Añade que nunca debió estar trabajador realizando esa labor de limpieza en el agua, ni desnudo ni vestido, ni con traje de agua ni con traje seco.
Por tanto, concluye que:
I. se rechazan las excepciones de falta de legitimación activa e incompetencia absoluta;
II. se acoge la demanda y, estimándose que la demandada resulta responsable del accidente fatal sufrido por trabajador el 24 de agosto de 2017 se la condena a pagar a los demandantes la suma de $140.000.000.
III. La suma ordenada pagar se incrementará en la forma prevista en el artículo 63 del Código del Trabajo.
IV. Habiéndose sido completamente vencida, se condena a la demandada al pago de las costas de la causa, que se regulan en la suma de $3.000.000.
Ejecutoriada que sea esta sentencia remítanse los antecedentes a la Fiscalía local para los efectos de la investigación de un eventual delito en relación con el documento denominado Contrato de prestación de servicios de 15 de julio de 2017.

ver sentencia

Vea texto íntegro sentencia rol 5.129-2018

 

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ABOGADO / CASAS COPEVA

CORTE DE  APELACIONES DE SANTIAGO CONDENA A ABOGADO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL

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La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó a profesional a pagar indemnización a clienta por no realizar gestión judicial en demanda contra empresa constructora.

En fallo unánime (causa rol 8.959-2018), la Novena Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras María Rosa Kittsteiner, Bárbara Quintana y el abogado (i) Jorge Benítez– confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Quinto Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda, con declaración que se eleva el monto a pagar por concepto de daño moral a la suma de $1.650.000 (un millón seiscientos cincuenta mil pesos).

“Que habiéndose acreditado la existencia de un contrato de prestación de servicios, se debe dilucidar si la actora se encuentra dentro de los demandantes y terceros coadyudantes en el proceso causa rol 5451¬2001, llevado en el 26° Juzgado Civil de Santiago”, sostiene el fallo de primera instancia.

La resolución confirmada agrega: “Que de las copias autorizadas del dicho proceso, que se encuentran en custodias de este Tribunal, se puede desprender que de su análisis, doña María Elizabeth Fucha Guanque no se encuentra como demandante en dicha causa, como tampoco se encuentra incorporada con posterioridad como tercero coadyudante, razón por la cual consecuencialmente no es de aquellas personas que salió beneficiada con la sentencia condenatoria al Serviu Metropolitano”.

“(…) de acuerdo a lo expresado en los dos considerandos anteriores, se puede desprender que, habiendo existido a partir del 19 de noviembre de 2001 un encargo profesional de doña María Elizabeth Fucha Guanque al abogado Eduardo Cabreras Hernández, con el fin que la representara en el juico deducido en contra del Ministerio de Vivienda, Serviu Metropolitano y Municipalidad de Puente Alto, llevado en el 26° Juzgado Civil de Santiago, éste no cumplió su cometido profesional al no incluirla ni como demandante ni como tercero coadyudante, razón por la cual éste es responsable de los perjuicios ocasionados por su incumplimiento”, concluye.

ver fallos  y sentencias asociadas:

primera instancia :  http://www.pjud.cl/documents/396729/0/VIVIENDAS+PRIMERA.pdf/c3147101-6661-4fc0-8ae7-ada703d713fd

ICA SANTIAGO: http://www.pjud.cl/documents/396729/0/VIVIENDAS+CORTE.pdf/a566485b-4c69-4451-9d3d-bb4ba3f30a07

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Fuentes: https://www.tribunalconstitucional.cl
https://www.diarioconstitucional.cl/noticias
http://www.pjud.cl/consulta-unificada-de-causas

Corte suprema acoge demanda de cobro de honorarios de corredor de propiedades

Corte suprema acoge demanda de cobro de honorarios de corredor de propiedades.

La Corte Suprema acogió recurso de casación y demanda de cobro de honorarios deducidos por corredor de propiedades por incumplimiento de contrato.

En fallo unánime (causa rol 37.135-2017), la Cuarta Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Ricardo Blanco, Andrea Muñoz, Mauricio Silva Cancino y los abogados (i) Antonio Barra e Íñigo de la Maza– invalidó de oficio la resolución recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y dictó sentencia de reemplazo.

“Que, de este modo, queda establecido que la sociedad demandada, antes de cumplirse un año del término de la vigencia de la orden de compra por la cual comisionó a la parte demandante para el corretaje de la propiedad de autos, celebró un contrato de compraventa con un tercero, sociedad representada por el ya mencionado señor Marcos Díaz León, lo que vuelve inconcusa la conclusión de que al no pagarse la comisión convenida, se incumplió la obligación asumida por las partes al momento de formalizarse la comisión que la parte demandada encomendó a la recurrente”, sostiene el fallo.

Resolución que agrega: “En efecto, la ya referida ‘orden de venta’, suscrita por las partes, establece una sanción específica para el caso en que el mandante, sin intervención de la actora, venda el inmueble a una persona presentada por la gestora, hasta dentro de un año después de la vigencia del encargo, consistente en el pago del doble de la comisión pactada, que se fijó en el 1,5% del valor de venta”.

“Por otro lado –continúa–, a juicio de este tribunal, atendida la entidad de los hechos acreditados, no es relevante para los efectos de la conclusión arribada, la circunstancia de que no exista referencia expresa en la prueba rendida, de que la actuación efectuada por el señor Marcos Díaz León, en la manifestación de su interés por adquirir la propiedad materia de autos, haya sido en su calidad de representante de la sociedad que finalmente la compró, pues ello se revela como palmario y evidente de la sola circunstancia de haberse realizado el referido acto jurídico con su actuación personal, en dicha calidad jurídica”.

“(…) con lo expuesto, acreditado el contrato de corretaje de propiedades, debe recordarse, como ya lo ha expresado esta corte (por ejemplo, en los antecedentes Rol N° 7.793-15 y 31.767-17), que es de la esencia de tal convención, que el quehacer del corredor estriba en la mediación entre las partes destinada a desplegar las tareas tendientes a concretar, en la especie, una compraventa sobre una propiedad específica, y que, ante el hecho acreditado que las partes suscribieron una orden de venta, por la cual la demandada se comprometió a pagar a la actora, por concepto de comisión, el 1,5% del precio de la compraventa, y que en caso de celebrar el contrato sin su intervención, con una persona presentada por ella, y hasta dentro de un año después de la vigencia del encargo, debía pagar el doble de la comisión pactada”, añade el fallo.

“De esta manera, sentada la existencia de dicho acuerdo, y la procedencia de la acción intentada, al acreditarse sus demás supuestos, procede acoger la demanda, y condenar a la demandada pago del 3% del precio de compraventa acordado por las partes, de la manera en que se dirá en lo resolutivo”, concluye.

Ver fallo (PDF)

Fuentes: https://www.tribunalconstitucional.cl
https://www.diarioconstitucional.cl/noticias
http://www.pjud.cl/consulta-unificada-de-causas

Corte Suprema acogió recurso de protección contra Universidad, por mantener informada en el registro comercial una deuda por crédito universitario.

Corte Suprema acogió recurso de protección contra Universidad, por mantener informada en el registro comercial una deuda por crédito universitario. 

La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Sandoval y Blanco, quienes estuvieron por confirmar la sentencia de alzada.

La Corte Suprema acogió la acción de protección deducida por una ciudadana contra la Universidad de Concepción, debido a que procedió a informar en el boletín comercial una deuda por crédito universitario de Fondo Solidario respecto de cuyo cobro judicial se decretó abandono del procedimiento el año 2011.

La recurrente indicó que se vulneró el derecho a la honra y a la protección de la vida privada, ya que ha sido incluida en un registro de deudores morosos, a sabiendas de que dicha información es carente de legitimidad, afectando de esta manera su honra. Asimismo, señaló que se conculcó el derecho de propiedad, por cuanto se evidencia una insolvencia inexistente, que disminuye tanto la potencialidad para el libre desenvolvimiento en las actuaciones civiles y comerciales como, especialmente, la capacidad para obtener créditos necesarios en la vida moderna que permiten adquirir bienes y servicios de alto valor.

En su sentencia, el máximo Tribunal expuso que el artículo 13 bis de la Ley N° 19.848 interpreta el artículo 15 inciso 2° de la Ley N° 19.287, en el sentido que las nóminas de los deudores morosos de los fondos solidarios de crédito universitario son públicas sin que les haya sido ni les sea aplicable lo establecido en la Ley sobre Protección a la Vida Privada. Sin embargo, el referido artículo 15 de la Ley N° 19.287 no faculta a hacer un cobro inoportuno, sino que éste debió ejercerse dentro de un plazo razonable, forzándose como un medio alternativo al cobro judicial la publicación en el Boletín de Informaciones Comerciales de la Cámara de Comercio de Santiago de la deuda de la recurrente, originando con este proceder un medio de cobro improcedente. Por tanto, la actuación de la recurrida vulnera la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, puesto que le impide a la recurrente acceder a fuentes de financiamiento en términos de igualdad con otras personas y le afecta su patrimonio.

Por lo anterior, la Corte Suprema revocó la sentencia apelada y acogió el recurso de protección, por lo cual ordenó que se oficie a la Cámara de Comercio de Santiago para que elimine, en forma inmediata la publicación de la deuda de la recurrente derivada del Fondo Solidario Universitario.

La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Sandoval y Blanco, quienes estuvieron por confirmar la sentencia de alzada, teniendo presente lo establecido en el artículo 15 de la Ley N° 19.287 y 13 bis de la Ley N° 19.848.

Vea texto íntegro de la sentencia Rol 4207-2019.

Fuentes: https://www.tribunalconstitucional.cl
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Corte suprema rechaza pago de semana corrida a extrabajadores de empresa de transportes

Corte suprema rechaza pago de semana corrida a extrabajadores de empresa de transportes

La Corte Suprema acogió recurso de unificación de jurisprudencia y rechazó pago de beneficio de semana corrida demandado por extrabajadores en contra de las empresas Servicios Generales Maper Limitada y Sotraser S.A.

En fallo unánime (causa rol 4.456-2019), la Cuarta Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Ricardo Blanco, Gloria Ana Chevesich, Andrea Muñoz, Mauricio Silva Cancino y el abogado (i) Íñigo de la Maza– anuló la sentencia impugnada y dictó, sin nueva vista, sentencia de reemplazo.

“Que esta Corte, mediante diversas sentencias, como sucede, a vía ejemplar, con aquellas dictadas en los autos ingreso números 8.152-17 y 43.182-17, ha sostenido que el sentido de la reforma al artículo 45 del Código del Trabajo fue, precisamente, solucionar el problema concreto de aquellos trabajadores cuya remuneración se estructuraba en base a comisiones, pero que también percibían un sueldo mensual, normalmente muy bajo, lo que los excluía automáticamente del beneficio de la semana corrida, al no ser remunerados exclusivamente por día, lo que, de alguna forma, se transformaba en un abuso”, sostiene el fallo.

Resolución que agrega: “Si bien el referido artículo 45 no dice en forma expresa que para que los trabajadores con remuneración mixta puedan acceder al beneficio de la semana corrida, la remuneración variable debe ser devengada en forma diaria, lo cierto es que al señalar que tienen ‘igual derecho’, se está refiriendo ‘a ser remunerados por los días domingos y festivos’, y la particularidad está dada porque se otorga el derecho, no obstante percibir un sueldo mensual, lo que supone que la exigencia de que la remuneración sea diaria -cuestión que es de la esencia de la institución- se verifica respecto del otro componente de la remuneración, el variable”.

“De suerte que –continúa– se entiende que se hizo esta extensión del beneficio, por considerar que el sueldo mensual con que se les remunera no refleja exactamente sus ingresos mensuales, ya que se trata de trabajadores efectivamente remunerados por comisiones diarias. Así lo confirman, por lo demás, dictámenes de la Dirección del Trabajo, entre otros el N°3262/066 de 5.08.2008, que refiriéndose a la modificación introducida por la ley 20.281 al artículo 45 del Código del Trabajo, señala lo siguiente: ‘Las remuneraciones variables que procede considerar para determinar la base de cálculo de la semana corrida deberán reunir los siguientes requisitos, a saber: que sea devengada diariamente; y, que sea principal y ordinaria. Por lo que concierne al primer requisito establecido, preciso es reiterar que deberá estimarse que una remuneración se devenga diariamente, si el trabajador la incorpora a su patrimonio día a día, esto es, aquella que el trabajador tiene derecho a impetrar por cada día trabajado'”.

“(…) en estas condiciones, yerran los sentenciadores de la Corte de Apelaciones de Santiago al sostener que los demandantes cumplen con los requisitos para requerir el beneficio de la semana corrida, porque quedó acreditado que sus comisiones se determinan en forma mensual, y consecuencialmente, corresponde acoger el recurso de nulidad planteado por la parte demandada, fundado, en lo pertinente, en la causal del artículo 477 del citado texto legal, por infracción al artículo 45 del mismo cuerpo legal”, añade el fallo.

Por tanto, concluye:
“I.-Que se omite pronunciamiento respecto a las pretensiones de cobro de diferencial de sueldo base y diferencial de tiempos de espera;
II.-Que se hace lugar a la excepción de prescripción de la acción, declarándose extinguidas las prestaciones devengadas con anterioridad al 19 de octubre de 2015;
III.-Que se rechaza la demanda de auto despido y, en consecuencia, se declara que la relación laboral de los actores con la demandada principal terminó por renuncia voluntaria el día 15 de septiembre de 2017;
IV.- Que se acoge parcialmente la demanda de cobro de prestaciones, condenando a las demandadas en forma solidaria solo al pago del feriado proporcional por $452.804 para don Sergio Farías Concha y $524.617 para don Elvio Alcaíno Pacheco;
V.-Que las prestaciones antes indicadas se incrementarán en la forma que dispone el artículo 63 del Código del Trabajo”.

Ver fallo (PDF)

Fuentes: https://www.tribunalconstitucional.cl
https://www.diarioconstitucional.cl/noticias
http://www.pjud.cl/consulta-unificada-de-causas

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