Mes: Julio 2019

Ordenan a corporación municipal indemnizar a funcionario despedido tras denunciar acoso laboral.

 

 

 

El Tribunal de alzada acogió la demanda por daño moral y fijó la indemnización en la suma de $9.002.742.

En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió recurso de nulidad y condenó a la Corporación Municipal local a indemnizar a terapeuta ocupacional despedido tras realizar una denuncia por acoso laboral.

La sentencia sostiene que en el motivo noveno del fallo de nulidad, reproducido, de la prueba rendida consta que las órdenes de reposos médicos le fueron prescritas por la mutual de seguridad, particularmente, aquellas de fecha 15 de noviembre y 4 de diciembre de 2017. Institución que también emitió el informe médico de esta última fecha. Así mismo que las conclusiones jurídicas sobre vulneración de derechos fundamentales de fecha 3 de noviembre de 2017 las evacuó la Inspección del trabajo. A ese período de licencia médica también se refiere la testigo del actor María José Belén Moya Olmedo, quien explica que fue calificado con enfermedad profesional por parte de la mutual, que estuvo con tratamiento farmacológico y terapia destinada a enfrentar el momento de integrarse al Liceo Politécnico y las mejores estrategias para enfrentar la situación vivida en este, pero al reintegrarse aún tenía sesión con la psicóloga de la mutual. Para éste fue un desgaste tremendo la nueva situación de cambio abrupto de programa en el área de atención al menor de JUNAEB, cuyas características tanto como la existencia de bandos dentro del equipo, le afectó profesional y emocionalmente.
La resolución agrega que denunciados los hechos el proceso que siguió incluyó mal trato y amenazas. Relata la testigo que el denunciante estuvo bastante deprimido y al ser informado del lugar donde debía reintegrarse nuevamente tuvo una baja emocional, de forma tal que, como siguió trabajando un mes y medio aproximadamente, y seguía con las terapias, se dieron cuenta en la mutual que debía retomar la licencia médica, con la que estuvo hasta enero.
Añade que la relación de causa a efecto entre la afectación psíquica del trabajador y la lesión de derechos fundamentales, precisamente, de aquel garantizado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución política, está acreditada más allá del estándar de indicios, con elementos cuya seriedad y gravedad, precisión y concordancia no fue motivo de objeción, por lo cual tiene peso para convencer de la existencia de daño moral causado por el ejercicio de las facultades del empleador que limitaron el pleno ejercicio de aquellos derechos, sin justificación suficiente, en forma arbitraria y desproporcionada.
Por último, concluye qiue tal como demuestra racionalmente la Corte Suprema en la sentencia que destaca el abogado recurrente, en síntesis, es objetivo del juicio de tutela laboral, una decisión reparatoria del equilibrio perdido por la conculcación del derecho fundamental, que va más allá de sancionar la conducta lesiva, de adoptar medidas para su cese y que precisa servirse de la indemnización por daño moral para paliar por equivalencia, la baja emocional y retroceso en la recuperación de una enfermedad profesional gestada porque los hechos tenían vinculación con antecedentes de similar naturaleza no solo en lo tocante al actor sino a un grupo de funcionarios y todos entroncados en el proceder del empleador.

VER FALLO

Vea texto íntegro de la sentencia rol 117-2018

 

 

FUENTE; https://www.diarioconstitucional.cl/

Juzgado Laboral condena a empresa agrícola a indemnizar a familiares de trabajador fallecido.

El Tribunal estableció la responsabilidad de la empresa en el deceso del trabajador agrícola, quien perdió la vida ahogado, cuando limpiaba los filtros de estanque de riego.

El Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago condenó a la empresa agrícola Olivos del Sur S.A. (Olisur S.A.) a pagar una indemnización total de $140.000.000 a familiares de trabajador que murió en agosto de 2017, en predio ubicado en San José de Marchigüe, comuna de Pichidegua.
La sentencia sostiene que estima esta sentenciadora que no cabe duda de que debe declararse que la demandada incumplió su obligación legal de cuidar eficazmente la vida del trabajador fallecido. Asiste responsabilidad a la demandada tanto por haber permitido el procedimiento utilizado para la limpieza de los chupadores de los tubos como por el estado de las bombas.
La resolución agrega que en cuanto al procedimiento, no sólo carecía de uno seguro para la limpieza de la toma de agua de la tubería sino que además imponía tal labor a un sencillo obrero agrícola, carente de la preparación necesaria, sin ningún tipo de implementos adecuados y, peor aún, consintiendo en que ingresara desnudo a realizarla, lo que sin duda vulneraba la dignidad del trabajador fallecido.
A continuación, el fallo señala que todo el esfuerzo probatorio de la demandada resulta inútil luego de verificar las condiciones en que se desarrollaba la limpieza. Ni la realización de charlas diarias, ni la entrega del Reglamento Interno, ni la entrega de elementos de protección personal, ni el derecho a saber dan cuenta de un procedimiento seguro de limpieza. Ni aún la entrega de una vestimenta adecuada, como lo habría sido un traje que a lo menos le evitara desnudarse podría ser suficiente para configurar un procedimiento seguro, desde que el trabajador fallecido sólo era un obrero agrícola, lo que da cuenta de la evidente irresponsabilidad de la empresa empleadora.
Luego, afirma la resolución que si trabajador hubiese fallecido electrocutado la única cuestión a establecerse en este juicio habría sido la responsabilidad en la mantención de las bombas, la efectividad de aquella, la expertise de la empresa a cargo y la supervisión de la empresa en la labor de los encargados externos de la mantención, así como la actividad desplegada por los encargados de riego y del sistema eléctrico, precisamente quienes estaban ese día con el trabajador. Pero falleció ahogado y es esa la causa de la muerte, por lo que no cabe duda de la responsabilidad de la demandada. Y además la circunstancia de haber estado trabajando dentro del agua, uno de los mejores conductores de electricidad, aumentó la gravedad de la descarga eléctrica recibida.
Añade que nunca debió estar trabajador realizando esa labor de limpieza en el agua, ni desnudo ni vestido, ni con traje de agua ni con traje seco.
Por tanto, concluye que:
I. se rechazan las excepciones de falta de legitimación activa e incompetencia absoluta;
II. se acoge la demanda y, estimándose que la demandada resulta responsable del accidente fatal sufrido por trabajador el 24 de agosto de 2017 se la condena a pagar a los demandantes la suma de $140.000.000.
III. La suma ordenada pagar se incrementará en la forma prevista en el artículo 63 del Código del Trabajo.
IV. Habiéndose sido completamente vencida, se condena a la demandada al pago de las costas de la causa, que se regulan en la suma de $3.000.000.
Ejecutoriada que sea esta sentencia remítanse los antecedentes a la Fiscalía local para los efectos de la investigación de un eventual delito en relación con el documento denominado Contrato de prestación de servicios de 15 de julio de 2017.

ver sentencia

Vea texto íntegro sentencia rol 5.129-2018

 

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ABOGADO / CASAS COPEVA

CORTE DE  APELACIONES DE SANTIAGO CONDENA A ABOGADO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL

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La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó a profesional a pagar indemnización a clienta por no realizar gestión judicial en demanda contra empresa constructora.

En fallo unánime (causa rol 8.959-2018), la Novena Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras María Rosa Kittsteiner, Bárbara Quintana y el abogado (i) Jorge Benítez– confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Quinto Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda, con declaración que se eleva el monto a pagar por concepto de daño moral a la suma de $1.650.000 (un millón seiscientos cincuenta mil pesos).

“Que habiéndose acreditado la existencia de un contrato de prestación de servicios, se debe dilucidar si la actora se encuentra dentro de los demandantes y terceros coadyudantes en el proceso causa rol 5451¬2001, llevado en el 26° Juzgado Civil de Santiago”, sostiene el fallo de primera instancia.

La resolución confirmada agrega: “Que de las copias autorizadas del dicho proceso, que se encuentran en custodias de este Tribunal, se puede desprender que de su análisis, doña María Elizabeth Fucha Guanque no se encuentra como demandante en dicha causa, como tampoco se encuentra incorporada con posterioridad como tercero coadyudante, razón por la cual consecuencialmente no es de aquellas personas que salió beneficiada con la sentencia condenatoria al Serviu Metropolitano”.

“(…) de acuerdo a lo expresado en los dos considerandos anteriores, se puede desprender que, habiendo existido a partir del 19 de noviembre de 2001 un encargo profesional de doña María Elizabeth Fucha Guanque al abogado Eduardo Cabreras Hernández, con el fin que la representara en el juico deducido en contra del Ministerio de Vivienda, Serviu Metropolitano y Municipalidad de Puente Alto, llevado en el 26° Juzgado Civil de Santiago, éste no cumplió su cometido profesional al no incluirla ni como demandante ni como tercero coadyudante, razón por la cual éste es responsable de los perjuicios ocasionados por su incumplimiento”, concluye.

ver fallos  y sentencias asociadas:

primera instancia :  http://www.pjud.cl/documents/396729/0/VIVIENDAS+PRIMERA.pdf/c3147101-6661-4fc0-8ae7-ada703d713fd

ICA SANTIAGO: http://www.pjud.cl/documents/396729/0/VIVIENDAS+CORTE.pdf/a566485b-4c69-4451-9d3d-bb4ba3f30a07

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Fuentes: https://www.tribunalconstitucional.cl
https://www.diarioconstitucional.cl/noticias
http://www.pjud.cl/consulta-unificada-de-causas

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